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23/05/2009 - LA SOLUCIÓN NO ES PROSCRIBIR SINO COMPETIR

Algunos dirigentes políticos reclaman más respeto por la institucionalidad. Pero, ¿qué es la instucionalidad? Si hay algo que caracteriza a la democracia es el derecho a elegir libremente a nuestros representantes. La Constitución Nacional manifiesta que "...todos los ciudadanos tienen el derecho de elegir y ser elegidos...". Por ello, ante el proceso natural de una elección nos sorprende que los mismos que piden mejores instituciones insisten en impugnar candidaturas sea cual fuera el partido político. ¿No estarán impugnando a los ciudadanos mismos? ¿No estarán cuestionando el derecho de los argentinos a elegir libremente quién los representa en las legislaturas locales, provinciales y en el Congreso nacional?
El 24 de noviembre de 1955 el general Pedro Eugenio Aramburu, en ejercicio ilegal de la presidencia, declaró disueltos los partidos peronistas masculino y femenino en todo el territorio argentino a través del decreto 3855, que constituyó el primero de los pasos en el intento de borrar con la pluma ensangrentada de la revolución "fusiladora" al depuesto gobierno democrático de Juan Domingo Perón.
Sin embargo, sus intenciones iban más allá. El 5 de marzo de 1956, por el decreto-ley 4161, estableció la "prohibición de elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista", por el que incluso se prohibía mencionar el nombre de Juan Domingo Perón, castigando a los infractores con penas de hasta seis años de prisión. El 4161 no fue una simple amenaza. Fue durante años la principal herramienta de proscripción, persecusión de ideas y encarcelamiento de quienes reivindicaran al peronismo, pregonaran la justicia social o pidieran la vuelta de la democracia.
El tiempo demuestra que equivocada que estaba esta gente al pensar que aquello que no se ve no existe.
En una entrevista con la Revista Primera Plana, en 1966, Perón afirmó: "El movimiento peronista no podrá ser destruido con proscripciones ni decretos. Los gorilas intentaron la destrucción por la violencia, (Arturo) Frondizi por la integración, (Arturo) Illia por la disociación: los tres fracasaron".
No casualmente tanto Frondizi como Illia habían llegado al gobierno en medio de la proscripción del peronismo. Es más, en el segundo caso con una proscripción aún mayor, al punto de que el gobierno de facto de José María Guido, en 1963, vetó la postulación del neurocirujano Raúl H. Matera, nominado por el Partido Demócrata Cristiano, habida cuenta su condición de peronista. Ya no estaban solo proscriptos el hoy PJ y el propio Juan Perón, sino cada uno de los peronistas que pudiera, por la vía electoral, volver a legitimizar la política mediante la participación popular.
Hoy, a más de cincuenta años de aquellos hechos, intentan proscribir nuevamente al peronismo. Afortunadamente rige la Constitución y los tres poderes tienen origen legítimo, de modo que quienes buscan cercenar el derecho a la representación no cuentan ya con la posibilidad de disponerse utilizando algún resorte del Estado. La táctica hoy, por eso, es intentar presentar las candidaturas con las que no se esta de acuerdo como ilegítimas. El Acuerdo Cívico y Social pretende impugnar las candidaturas a diputados del presidente del Partido Justicialista, Néstor Kirchner, el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli; el jefe del Gabinete nacional, Sergio Massa; y las postulaciones de 47 intendentes de la provincia de Buenos Aires, por el Frente Justicialista Para la Victoria (FJPV).
Resulta increíble como quieren repetir la historia y, más aún, que en pleno siglo XXI se siga pensando que ésta es la única forma de "ganar" una elección.
Todo demuestra que los que hoy fomentan esta prohibición van camino al mismo final que sus antecesores: el fracaso. Por eso, deberían entender que la solución no es proscribir sino competir.
Por un lado, el juez electoral Manuel Blanco firmó la sentencia que avala las candidaturas de Kirchner, Scioli y Massa, al mismo tiempo que las postulaciones de 47 intendentes bonaerenses.
Por el otro, la gente demostrará a través de las urnas que proyecto de país elige: el que prioriza la equitativa redistribución de la riqueza o el que cercena los derechos de los trabajadores y jubilados.
Sin ir muy lejos en la historia, el pasado 30 de abril 300 mil argentinos que asistieron a la convocatoria del secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), compañero Hugo Moyano, para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores demostraron por qué se acompaña este modelo: porque desde el 2003 los trabajadores comenzaron a ser reivindicados y a recuperar los salarios y la dignidad. El compañero Moyano explicó con precisión qué significaría volver a los años '90: equivaldría a perder otra vez las convenciones paritarias, la preservación del trabajo como objetivo número uno de un proyecto político y la vuelta de leyes de flexibilización que siempre destruyen empleos en lugar de crearlos.
Este modelo de crecimiento es el que acompañaremos con toda nuestra fuerza para que la Argentina continúe por el camino de la justicia.
Por eso queremos que cada argentino, el 28 de junio, pueda votar por quien sienta que lo representa mejor.

Daniel Lauro - Secretario Adjunto

Luis Giménez - Secretario General

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